Aún no se esclarece totalmente la "misión" que cumplía Pinochet en Londres, cuando fue detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. El gobierno, que le otorgó pasaporte diplomático, ha escondido hasta ahora ese "secreto", que lo compromete. Sin embargo, existen ciertas luces. Alan Sherman, general de división del Ejército de Su Majestad Británica, declaró en Excelsior de México, poco después de la detención de Pinochet, que éste había viajado "al frente de una misión militar con el conocimiento del gobierno", para coordinar los detalles de un importante negocio de armamentos con las empresas británicas Royal Ordnance y British Aerospace.

( Era el sistema de saturacion misilistico RAYO abajo en la foto ) http://www.army-technology.com/contractors/artillery/rod/

Pocos recuerdan su bochornoso viaje a Checoslovaquia -donde ingresó con "nombre falso"- en una misión similar.

Un artículo de Punto Final (PF) Nº435 de enero de 1999, destaca: "No era su primer viaje ni era el primer negocio de esta naturaleza. Los gastos militares chilenos son cuantiosos y superiores a los niveles promedio de América Latina. Eso convierte a nuestro país en un cliente apetitoso dentro de un mercado plagado de comisionistas, intermediarios y agentes con influencia que determinan las adquisiciones de armamento. (...) El impulso dado por la dictadura a la industria militar, permitió que a principios de la década de los 80 Chile se convirtiera en el primer exportador de armas de Latinoamerica hacia países del Tercer Mundo".

Se recordaba, además, que en ese momento FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército), mantenía y desarrollaba "contratos de coproducción con empresas privadas de Gran Bretaña, Suiza, China, Malasia y España, con las que comparte, entre otras, licencia de producción de material, destacándose la fabricación de fusiles SIG y de carros blindados Mowag". Proyectaba "coproducir" el cohete Rayo con la Royal Ordnance, que ese año se destinó a unidades del Ejército.

La "misión" de Pinochet ciertamente tenía que ver con ese proyecto, además de analizar otras posibles colaboraciones y "negocios" con empresas de armas. Su "asesoría" incluía también jugosas ganancias, reforzadas por la actitud de los gobiernos concertacionistas que han privilegiado el desarrollo de la industria militar como parte de "las metas de desarrollo y modernización de las FF.AA." PF recordaba que "el Estado ha hecho importantes esfuerzos tendientes a buscar clientes en el extranjero, así como socios para la producción del material bélico, y ha promovido tales manufacturas a nivel de sus relaciones internacionales. De este modo, se han suscrito numerosos acuerdos, y negociado patentes, estrechando vínculos con empresas extranjeras entre las que destacan las suizas SIG, Mowag, y Oerlikon; las francesas GIAT, Creusot Loire, Thomson Brandt; la inglesa Royal Ordnance; y la belga Cockerill Mechanical".

Nuestro país mantiene, desde la dictadura, estrechos vínculos con la industria militar mundial, que le han servido no sólo para "negocios" legales, como la compra de material bélico en áreas en que no cuenta con capacidad para fabricar.

El descubrimiento del tráfico de armas a Croacia en enero de 1992 reveló la punta del iceberg de una práctica de antigua data. En esos días, en un terminal aéreo de Hungría se descubrieron 2 containers con decenas de toneladas de armas que salieron de FAMAE. Yves Marzialle, representante de la empresa francesa IVI Finance Management contrató un avión de Florida West para el traslado. Tanto él como FAMAE violaban así el embargo de la ONU. Su "contacto" era el general (r) de la FACH Vicente Rodríguez, ex jefe de inteligencia y representante de ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica) para América Latina, socio del coronel de la FACH, Edgard Ceballos Jones, torturador del SIFA y Comando Conjunto. Rodríguez era parte de lo que se llamó "La Cofradía", la continuación de la "Operación Cóndor", esta vez destinada a dar protección a los ex agentes de los organismos de seguridad que estaban siendo requeridos por la justicia en distintos países. La venta de armas era una forma fácil de financiar sus millonarias operaciones de encubrimiento.

En el tráfico a Croacia aparecieron involucrados el general Carlos Krumm, el coronel Gerardo Huber -encargado de exportaciones e importaciones del Ejército y 3er jefe de la División Logística. El ministro Juica estableció la conexión entre la Operación Cóndor y el tráfico de armas, sin embargo el general Rodríguez fue liberado por la Corte Suprema. El coronel Huber, fue asesinado en el Cajón del Maipo, queriéndose hacer aparecer el crimen como un "suicidio".

Pinochet en Londres actuaba en el filo de la legalidad, haciendo gestiones como comisionista debido a su influencia para determinar las adquisiciones de material bélico. El periodista argentino Rogelio García Lupo afirma que Pinochet "buscaba cobrar su comisión por la adquisición de 3 barcos ingleses para la Armada", gestión que "se traducía en gastos por US$443 millones, con una comisión personal de US$4.43 millones", entre otras. Había sido "invitado" por la Royal Ordnance y la British Aerospace. Pinochet ya había logrado el contrato de coproducción (FAMAE-Royal Ordnance) del cohete Rayo, "primera actividad conjunta que, según los programas de desarrollo, serviría de punto de partida para un proyecto de comercialización de armas a nivel mundial", afirma PF. Pinochet mantenía lazos con la British Aerospace desde la Guerra de las Malvinas. Se recuerda que "uno de los principales accionistas de la British Aerospace es la propia familia real británica, y habría sido Pinochet quien, por intermedio de Margaret Thatcher, asesoró y sirvió de agente para que esa empresa adquiriera el 35% de las acciones de la compañía sueca Grippen, fabricante del avión de combate JAS 39. Estos contactos y asesorías, sumadas al apoyo soterrado que Chile brindó a Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas, fueron razón suficiente para que Chile recibiera en compensación 14 cazas de combate ingleses Hunter en junio de 1982, los que fueron a reforzar la base aérea de Cerro Moreno".

Por sus negocios como "comisionista" y "asesor", Pinochet habría recibido millonarias sumas, que engrosaron la fortuna de su familia.

Uno de los procedimientos reconocidos que se utilizaron para "desaparecer" la pista de cuentas y otros negocios, es el llamado "senda verde". Consiste en efectuar depósitos, utilizando a un tercero o nombre falso, en una cuenta de un banco internacional. Luego, los dineros se transfieren a una cuenta de concentración en la casa matriz del banco, por ejemplo en Nueva York, y enviados a cuentas de una "empresa" de pantalla registrada en Islas Caimán, Panamá, Bermudas, Islas Vírgenes, etc. Protegidas por el secreto bancario, se traspasan, en acciones, bonos o títulos de inversión, a cuentas privadas en Luxemburgo, Suiza y otros países.

En marzo de 1999 quedó en evidencia, gracias a la investigación del diario mexicano El Universal, la primera cuenta bancaria de Pinochet en el extranjero, en el Banco Riggs de EE.UU. Garzón pidió congelar las cuentas de Pinochet en Suiza y Luxemburgo, lo que fue denegado por la Corte Suprema. Nuevos antecedentes dan cuenta que Pinochet mantenía además una póliza de seguro de vida en la empresa Standard Life de Bermudas.

La cuenta bipersonal que mantenía con su esposa, Lucía Hiriart, en el Riggs, se habría mantenido por varios meses en 1997, con el manejo de un millón de dólares en marzo de 1997, siendo el primer indicio de que Pinochet mantiene cuentas en el extranjero. Según el Universal de México, "no fue posible confirmar que la cuenta del banco Riggs aún exista. Oficialmente el banco declinó confirmar que la cuenta exista o haya existido, alegando las leyes de privacidad en EE.UU. De acuerdo con una fuente familiarizada con la operación, que pidió no ser identificada, se trata de una cuestión clásica de 'banca privada', una práctica de bancos estadounidenses que garantiza máxima privacidad a sus clientes. 'No hay duda', dijo la fuente, al revisar la fotocopia del estado de cuentas y asegurar que no sería la única que la familia Pinochet tuviera, aunque también advirtió que otras cuentas han sido establecidas a través de empresas con registro en Europa o naciones en el mar Caribe. 'Estoy seguro que no es la única', comentó, haciendo notar la instrucción de retener correo, lo que evitaría incluso el estado de cuentas por ruta postal".

Hasta enero de 1999 no existían evidencias de que Pinochet hubiese enviado dinero al extranjero. El Universal agrega: "El ex presidente siempre procuró mantener una imagen de austeridad. Hay, sin embargo, reportes verificados sobre propiedades en Chile. (...) Versiones sobre el enriquecimiento de sus hijos han sido frecuentes, especialmente en conexión con operaciones financieras internacionales, incluso de compra de armas en Europa. (...) Entre 1973 y 1989 los militares controlaron gran parte de las actividades de importación y exportación de Chile".

El 4 de enero de 1989, Augusto Pinochet Hiriart recibió el pago de 971.940.401 pesos, equivalentes a US$3 millones. Jamás se aclaró el porqué el Ejército le entregó ese dinero en "cheques". Se inició una investigación, demandada por 51 diputados, pero debido a "presiones militares" ejercidas sobre los presidentes Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, el gobierno solicitó al Consejo de Defensa del Estado el cierre de la investigación, argumentando razones de Estado.

Los negocios de Augusto hijo comenzaron cuando, siendo oficial del cuerpo de Blindados, fue enviado a EE.UU. para recuperarse de un accidente. En Los Angeles adquirió una propiedad en US$300.000 (El Siglo/octubre de 1997). En ese momento tenía un "sueldo" otorgado por Lan Chile, empresa aérea que fue utilizada por la DINA para sus operaciones. "Agustín del Pino", como se hacía llamar, figuraba "asignado a la oficina de Sacramento, a pesar de que residía en Los Angeles". También aparece "asociado" a la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, filial de la DINA.

Otro de sus "negocios" fue adquirir 2 terrenos (1.600 hás.) en Dalcahue, Chiloé, por US$80.000, en 1979, pagando en efectivo 2.000 dólares. Las letras de cambio y cheques del Banco Santander fueron protestados, sin embargo pudo continuar participando de empresas. Figura como socio de la compañía Minera Saint Etiene Ltda. y Mario Vargas y Cía., según investigación de Análisis (septiembre/1990), además de Alberto Collarle y Cía. Ltda., y la firma norteamericana Union Resources Corporation (URC).

Esta compañía, que estuvo envuelta en "transacción irregulares" de cobre en Argentina, según denuncia de American Metal Market, revista de EE.UU., tenía negocios con Westinghouse Electric Corporation para quien debía entregar grandes cantidades de cobre. Pinochet Hiriart viajó a Chile para "hacer efectiva la operación", solicitando a CODELCO 120.000 toneladas métricas de cátodos, en los que obtendría jugosas comisiones (11 dólares por tonelada más 50% de los beneficios de la venta). Ante la negativa de los directores de CODELCO, el general Pinochet los citó. Finalmente, "accedieron al negocio", en el que también se involucró a ENAMI. Este es sólo uno de los "afortunados" negocios de los hijos del dictador.

Por lo menos dos de sus hermanos han seguido los mismos pasos. Marco Antonio era representante en Chile de las lanchas Chaparral, que eran comercializadas a través de Bathich Motoren, quien además era su socio. Su hermana Lucía incursionó en la venta de seguros a través de las empresas Storil Ltda. y Metrópoli Ltda., que realizaron oscuras transacciones con el Instituto de Seguros del Estado (ISE).

El comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército "pagó" a Pinochet hijo tres cheques (cuenta Nº9007334), equivalentes a US$3 millones. Según el diario La Nación (septiembre/1990), estos dineros correspondía al pago del porcentaje de acciones que Pinochet hijo tenía en la fabrica de armas Proyectos Integrados a la Producción S.A. (PSP), la que había sido "comprada" en esa fecha por el Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército. PSP estuvo integrada por altos oficiales del Ejército, siendo sucesora de Valmoval, que se declaró en quiebra en 1982.

En octubre de 1990 se constituyó una comisión de la Cámara de Diputados. Contraloría entregó los antecedentes al CDE, que presentó en abril de 1993 una denuncia por "pérdida de patrimonio del Fisco", en el 5º Juzgado. El Ejército respondió con el "boinazo", un levantamiento militar el 28 de mayo. Según algunos especialistas en el tema, la familia Pinochet se encuentra entre las diez de mayor fortuna de Latinoamérica.

El "empleado público" Augusto Pinochet Ugarte y el comerciante Sergio Ternicier realizaron en abril de 1978, ante el notario José Valdivieso, una transacción. Pinochet compraba a Ternicier la Quinta Croce (12.000 mts. cuadrados), por 400.000 pesos. Un mes después, ante un nuevo notario, se realizaba una operación similar. Carmela Suárez vendía 140 mts. cuadrados, adyacentes al sitio anterior, por $30.000. El precio pagado por los terrenos era irrisorio, tomando en cuenta que se encontraban en sitios urbanos.

En octubre de 1980, ante el notario Jaime Morandé, Sergio Cadenasso Ferroggiario "compraba el predio" de Limache por 3 millones de pesos. Cardenazo era general de Ejército y vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA). Las utilidades del "negocio" superaron el 230% de la "inversión original". Se produjo un escándalo incluso internacional cuando se supo lo que había ocurrido. Se presentó una denuncia ante la Contraloría. La Secretaría General de Gobierno respondió que: "La propiedad adquirida por S.E. para su descanso y el de su familia, carecía de la privacidad que se buscaba, por lo que fue vendida a la CAPREDENA, que requería terrenos en Limache para la construcción de una población destinada a sus afiliados".

La revista Cauce encabezó las denuncias en los medios de prensa. En febrero de 1984 dio con graves antecedentes: el terreno fue tasado en 9.030.560 pesos en enero de 1984 por CAPREDENA, mientras que el SII al mes siguiente otorgó un avalúo por sólo $485.307. Además, la Quinta Croce no era apta para instalar edificios, pues el terreno estaba anegado por un canal colector de lluvia, cubierto de fango. CAPREDENA "compró" a Pinochet sin evaluación técnica previa ni licitación, supuestamente para el Conjunto Habitacional Huamachuco. Se ejecutaron costosas obras, como el abovedamiento de un canal y la construcción de un sumidero, antes de la "edificación" 64 casas. El escándalo fue mayúsculo.

Pinochet buscó un nuevo terreno donde construir su casa de descanso. El teniente coronel de Ejército Ramón Castro Ivanovic se encargó de la "misión". A través de la corredora Fritz Propiedades, encontró una parcela de 7 hás. en el Melocotón Alto. En enero de 1979, Castro Ivanovic "compró" el predio a Jorge Alvaray y Luis Saavedra por $240.000, quedando inscrita a nombre del "empleado público". El dictador quería edificar su casa de descanso de 606 mts. cuadrados, 3 edificaciones anexas, hectáreas de almendros y nogales, piscinas y parques. La casa principal debía contar con 3 niveles y terrazas. En varias oportunidades se detuvo la obra, deshaciendo lo avanzado para dar en el gusto a Lucía Hiriart, lo que significó exceder el presupuesto inicial previsto por Del Pozo, Montes y Cía. Ltda. Augusto Pinochet solicitó un "préstamo" a la Caja de Defensa Nacional. El propio general Sergio Cadenasso aprobó $1.800.000, "a plazo", pero de 24 años.

Los encargados de seguridad evaluaron que el sitio no brindaba garantías, por la cantidad de predios colindantes y "vecinos". Se presionó a los propietarios para que "vendieran". Autorizado por Pinochet, el teniente coronel Castro Ivanovic adquirió predios vecinos por $3.154.945 pesos. Poco después, Pinochet compró otro por $1.600.000, y en enero de 1982 otro por $2.700.000. Los dineros fueron "pagados" por el Ministerio de Obras Públicas, autorizado por Decreto Supremo Nº1.319 (diciembre/1981), con las firmas del propio Pinochet, el ministro general Patricio Torres, y el ministro de Bienes Nacionales general de carabineros René Peri Fagerstrom.

Según ese decreto, la "compra fiscal" respondía al plan del Estado de construir un camino entre las localidades de San Joaquín y San Alfonso, camino que no se construyó. En junio de 1982, un nuevo Decreto Supremo autorizó la venta del "terreno fiscal" al teniente coronel Castro Ivanovic por $240.000. Del mismo modo, el Fisco adquirió 1.240 mts. cuadrados en $1.000.000 a Elena González, que fueron "revendidos", al teniente coronel, en $85.000.

En marzo, Castro Ivanovic adquirió por $260.640, autorizado por el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo, 6.516 mts. cuadrados de "terrenos fiscales" de la línea de ferrocarril entre Puente Alto y el Volcán.

Finalmente, en diciembre, ante el notario José Valdivieso, Augusto Pinochet "compró" al teniente coronel Castro Ivanovic "todos los predios" por $1.500.000. En abril de 1984, Pinochet y su esposa, ante el notario Sergio Carmona, ex oficial de Ejército y académico de la Escuela Militar, firmaban una escritura para "donar" al Fisco los terrenos "para el sólo efecto de la seguridad requerida (pues en ellos) podría destacarse una guardia, y establecer las instalaciones de seguridad requeridas".

La obra gruesa tuvo un costo de un millón de dólares. En la zona no había red de agua potable, electricidad, ni señal de TV. En tiempo record, tanto Chilectra como EMOS dotaron de aquellos dos servicios básicos al sector. TVN, dirigida por el yerno de Pinochet, Hernán García Barzelatto, instaló una antena repetidora. Las obras viales excedieron los 216 millones de pesos de la época, financiadas por el Fisco.

En abril de 1984, los periodistas Mónica González y Edwin Harrington investigaron el "caso de la mansión de Pinochet en El Melocotón". El informe destinado a ser incluido en la edición Nº11 de Cauce, llegó a manos del gobierno antes. Se decretó de inmediato el Estado de

Emergencia, se censuró a Cauce y otros medios y se dictó una nueva Ley de Abusos de Publicidad. Un grupo de civiles golpeó a Jorge Lavanderos, quien guardaba documentos que certificaban las irregularidades.

En mayo de 1984, un grupo de profesionales (entre ellos Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Andrés Zaldívar, Gabriel Valdés, Enrique Silva Cimma, etc.), presentaron una denuncia ante la justicia, contra el general Pinochet por "fraude al Fisco y utilización de alto cargo público en beneficio de su propio interés personal". No hubo ninguna investigación.

Cauce, en enero de 1984, dio a conocer nuevos detalles de la construcción de otra casa, "el bunker de Pinochet", en Lo Curro, zona oriente de Santiago. La construcción fue ordenada por el comandante en Jefe del Ejército. La casa de Lo Curro había sido programada para servir de domicilio a la familia Pinochet. Después de las denuncias, fue declarada "construcción destinada para el uso de los presidentes de la República de Chile". Se encuentra en los faldeos del cerro Manquehue, y requirió dinamitar laderas y desplazar "volúmenes de tierra y piedras equivalentes al movimiento necesario para la edificación de miles de viviendas".

El gasto estatal para construir esa mansión fue de un 5% del presupuesto para Obras Públicas de 1984 (que ascendía a $35.400.000.000). Se erigió sobre un terreno de 80.000 mts. cuadrados, y la construcción de 6.000 mts. cuadrados costó US$20.000.000. Los jardines y parques significaron un costo de $15.000.000. Cuenta con canchas de tenis, gimnasio, 250 estacionamientos, sala de cine, saunas, central telefónica, estanques de agua, central eléctrica subterránea y una clínica. Debido a los "gustos" de la señora Lucía Hiriart y a requerimientos de "seguridad", el SERVIU debió hacer continuos desembolsos por "gastos extraordinarios", por '$5.000.000 semanales. La propiedad de la familia Pinochet significó la construcción de un puente y de una carretera urbana de 8 pistas por la ribera del Mapocho, desde la Av. Santa María hasta Lo Curro.

La señora Lucía incorporó "detalles" en la suit presidencial encargados a Pavez Decoraciones Ltda., por $11.000.000. La casa cuenta con "refugio antiaéreo", "túnel de salida secreta", "área de contra-ataque" y "zona de guardia" (con salas de juego, comedores, dormitorios, etc., para decenas de comandos especiales).

Aylwin intentó "recuperar la propiedad para el Fisco", pero el Ejército que aún era dirigido por Pinochet -y lo sería hasta que asumió como senador vitalicio durante el gobierno de Frei-, se opuso. Hoy es el Club Militar de Lo Curro.

Las investigaciones periodísticas "Pinochet. The Politics of Torture" (1999) de Hugh O'Shaughnessy, "Traficantes & Lavadores" (1996) de Manuel Salazar, y "La Delgada Línea Blanca. Narcoterrorismo en Chile y Argentina" (2000) de Rodrigo De Castro y Juan Gasparini, revelan las conexiones entre la dictadura, la familia Pinochet y el tráfico de drogas. Una estrecha relación que ya era bien conocida. En "Asesinato en Washington" (1980) los periodistas Dinges y Landau, utilizando fuentes del FBI, informan que Manuel Contreras, director de la DINA, "dio protección a narcotraficantes, recibiendo por ellos pagos que fueron a la DINA y al lobby cubano anticastrista", lo que demuestra que las "conexiones y negocios" involucraron a alto nivel a la dictadura, las FF.AA. y los servicios de seguridad. Una forma de "financiar" las operaciones exteriores de la DINA fue el comercio clandestino de drogas y el tráfico de armas.

Los negocios entre Marco Antonio Pinochet, hijo del ex dictador, y Yamal Edgardo Bathich, un conocido narcotraficante, fueron investigadas por la revista Análisis (enero/1993) y son parte de la investigación de De Castro y Gasparini. Marco Antonio y Bathich eran accionistas en la empresa Chile Motores.

Posteriormente, Jesús Ochoa Galvis -narcotraficante colombiano- se vinculó a la compañía que cambió a Focus Chile Motores. Bathich, además, mantenía "negocios" con su primo, Monzer Al Kassar, traficante de armas sirio condenado en Londres por tráfico de drogas. Todos los negocios, incluyendo sociedades en Panamá, estaban a cargo de Héctor Novoa (hermano del actual senador UDI, Jovino Novoa).

Según O'Shaughnessy, nuevos antecedentes entregan un convincente panorama de la larga vinculación entre la dictadura y la droga, que Dinges y Landau denunciaron: "Pinochet envió a la DEA de EE.UU. un avión cargado de narcotraficantes detenidos después del golpe (...) luego la mano derecha de Pinochet, Manuel Contreras, puso sus propios hombres bajo protección de la DINA, en las mismas plantas de elaboración y puntos de embarque. Los cubanos anticastristas llevaban una parte en la operación. Las enormes ganancias fueron a suplementar el presupuesto clandestino de la DINA. Pinochet sostuvo a menudo que él controlaba a la DINA y en realidad lo hacía respecto de todo lo que sucedía en Chile. (...) A la luz de sus propias declaraciones y de las hechas por Manuel Contreras, sería imposible imaginar que el dictador ignoraba el tráfico de drogas".

Hugh O'Shaughnessy relata otras vinculaciones. Frankell "Trinidad Moreno" Baramdyka, infante de marina norteamericano, traficó droga y dinero en Centroamérica y el Caribe bajo órdenes de oficiales norteamericanos, en beneficio de los "contras". Su esposa chilena era accionista de la empresa pesquera Redes del Pacífico. Otro accionista, Federico Silva, figuraba como funcionario del Consulado chileno en Los Angeles, mientras su padre, Fernando Silva, era director del Departamento de Fronteras del ministerio de RR.EE., en 1985. Baramdyka trabajó como gerente general de Redes del Pacífico, que era ocupada como empresa pantalla para "exportar" cocaína.

En marzo de 1987, EE.UU. pidió a la dictadura su arresto y extradición. En diciembre de 1987, la Corte Suprema decidió que podía ser extraditado, sin embargo Pinochet no lo dejó salir. Permaneció detenido por giro doloso de cheques. Sabía mucho.

Sus "contactos" colombianos habían sido abastecidos de materias primas para la elaboración de cocaína por el Complejo Químico Industrial de Talagante del Ejército. Declaró que había entregado 2 millones de dólares a un directivo del consulado de parte de los colombianos, como pago.

Reconoció su relación con Bathich y otros: "Bathich decía tener buenos contactos en los más altos niveles del gobierno de Pinochet y con los servicios de inteligencia. Se jactaba de importar cocaína desde Brasil oculta en motores de segunda mano y a través de camionetas y helicópteros desde Bolivia. Una cierta cantidad era reexportada a EE.UU. con la ayuda de personal de una aerolínea".

Según Baramdyka, en diciembre de 1985 fue llamado "al cuartel general de las FF.AA. en la Alameda para una entrevista con el 'coronel Gutiérrez', jefe de las operaciones de narcotráfico. Respondía directamente al general Humberto Gordon, entonces jefe de la CNI", que fue sucedido por el general Hugo Salas Wenzel. Le confirmó lo que le había comentado Bathich. "Un problema serio, agregó el 'coronel Gutiérrez', era que las cosas estaban saliendo mal en Estocolmo", base principal de las operaciones terroristas y relacionadas con narcotráfico de la DINA y la CNI.

Relató su participación en los negocios de la CNI en Madrid, organizando una nueva red de venta de cocaína para sustituir al centro que funcionaba en Estocolmo. Uno de sus contactos fue un oficial chileno destinado antes a la capital sueca. Agregó que en 1986 (marzo/junio/octubre) y 1987 (marzo/junio), organizó "numerosos vuelos desde Chile con embarques de cocaína por un peso total de 12 toneladas disimuladas en envíos de bombas de racimo para Irán e Irak".

Los despachos se hacían en la Fábrica de Material de Guerra del Ejército (FAMAE) en Santiago y eran llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. La droga se destinaba a Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Haití) o en Islas Canarias. Uno de los aviones utilizados para los embarques había sido "charteado" por una compañía británica registrada como Quinn Freight, y fue el mismo que usaron Robert Mc Farlane y el coronel Oliver North para viajar a Irán a negociar el plan Irán-Contras.