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Comité Canadiense para Combatir los Crímenes Contra la Humanidad
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Retransmisión de mensaje: -----
Original Message ----- From:
"Vicky Torres" <vickytorres15@hotmail.com> To:
"Comite
Canadien" <comitecanadien@post.com> Sent:
Thursday, December 18, 2003 11:17 PM Subject:
[pena2000] Coordinador
El tortuoso camino de la ley de indulto para los presos politicos
EL
TORTUOSO CAMINO DE LA LEY DE INDULTO PARA LOS PRESOS POLITICOS
Un accidentado camino ha recorrido el proyecto de ley de indulto para los presos políticos, cuyo texto suscrito por los senadores José Antonio Viera-Gallo (PS), Fernando Flores (PPD), y los DC Gabriel Valdés y Mariano Ruiz Esquide, fuera presentado en la Comisión de Derechos Humanos del senado en noviembre de 2002. Un proyecto que era el resultado de las gestiones iniciadas en marzo de 2002 por la Iglesia católica, familiares y un grupo de parlamentarios de todas las bancadas del Congreso y que, para ser aprobado, requiere de quórum calificado, es decir, del voto de 32 de los 48 senadores de la Cámara Alta. Justificados
recelos suscitó en algunos familiares la participación de
la UDI en estas gestiones. El repentino interés del partido
pinochetista por los presos políticos y por la situación de un grupo de
familiares de detenidos desaparecidos de Pisagua, y su prudente
distanciamiento respecto de la figura del decrépito ex dictador, se
enmarcaba en una estrategia para desperfilar su imagen de "derecha
dura" e incidir de manera determinante en una política de
reconciliación y cierre del tema de los derechos humanos. A lo largo de
2002, los senadores Carlos Bombal y Hernán Larraín sostuvieron
frecuentemente en la prensa que había que cerrar los procesos de los
presos políticos abiertos desde hacía una década, rebajar las penas y
también entregarle una respuesta definitiva a los familiares de detenidos
desaparecidos. No obstante, la UDI dio una primera señal del verdadero
alcance de su compromiso cuando a fines del año pasado se abstuvo de
votar la necesidad de legislar una ley de indulto para los presos políticos. La En
agosto de 2002 Ricardo Lagos dio a conocer al país su propuesta de
derechos humanos, que concitó el rechazo unánime de las agrupaciones de
familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de los abogados e
instituciones de derechos humanos. Todos los sectores políticos y
sociales dieron a conocer propuestas alternativas, pero sólo la propuesta
de Lagos y de la UDI persiguen el objetivo común de cerrar el tema de los
derechos humanos a través de la entrega de reparaciones económicas, la
rebaja de condenas para quienes aporten información sobre los detenidos
desaparecidos y la aplicación de la ley de amnistía para cerrar los
procesos aún abiertos contra los violadores de los derechos humanos. Es
decir, tanto la UDI como el gobierno de la Concertación pretenden cerrar
la transición consolidando la actual impunidad de hecho con una ley de
punto final y una amnistía general para los violadores de los derechos
humanos. La
negativa de la UDI a apoyar el indulto es totalmente coherente con su
propuesta de derechos humanos, basada en las conclusiones de la mesa de Diálogo,
según la cual"desde los años 60 hubo en Chile una espiral de
violencia de la cual todos fuimos responsables". Según la propuesta
de la UDI, para lograr la paz social en Chile y "como testimonio de
nuestra voluntad de pacificación, proponemos que el Presidente de la República,
conjuntamente con los proyectos antes referidos y con igual urgencia,
presente también un proyecto de ley de indulto general, que beneficie a
todos los condenados en virtud de la ley sobre conductas terroristas, por
hechos perpetrados entre el 11 de marzo de 1990 y la fecha de publicación
de esta ley, que hayan cumplido ya más de 10 años de prisión efectiva.
Los familiares de las víctimas de esos hechos de violencia, tanto civiles
como aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Orden y de
Gendarmería tendrán derecho a los mismos beneficios de la ley de
reparaciones y a las indemnizaciones antes señaladas". Fue así como
en un primer acto público de recomposición de la Alianza por Chile -tras
los últimos desencuentros por causa de pedofilia-, la derecha chilena
amenaza hoy con rechazar el indulto de no lograrse una solución global
que incluya a los militares procesados por violaciones a los derechos
humanos. La
diputada UDI Evelyn Matthei, en un ataque de delirio ultraderechista,
afirmó que el gobierno aplicaba la ley del embudo, "muy manga ancha
para un lado y odiosidad completa para el otro", según dijo. Habría
que preguntarse quiénes se benefician de la manga ancha del gobierno, si
los presos políticos sometidos durante más de 11 años a una
interminable serie de abusos jurídicos y carcelarios, o los responsables
de las violaciones de los derechos humanos que gozan de total impunidad,
ya sea amparándose en la pretendida "demencia senil" de su líder
histórico, o en la invariable obsecuencia del gobierno que le ha ofrecido
a los violadores de los derechos humanos mesas de diálogo, tres
propuestas de leyes de punto final -y la cuarta actualmente en curso- y
una ley de secreto profesional. En menos del uno por ciento de los
procesos por violaciones a los derechos humanos se ha dictado sentencias
condenatorias, menos de una docena de condenados permanecen en un penal
donde gozan de derechos tales como conceder entrevistas,
salir con permiso y usar computadoras, custodiados por sus propios
subordinados. Pinochet envejece tranquilamente en su casa mientras los
ejecutores de sus órdenes eluden a la justicia con el apoyo de abogados
pagados con fondos estatales. ¿Para quiénes la manga ancha a que alude
la diputada UDI? A
recomponer una estrategia propia por la libertad El
martes 2 de diciembre los presos políticos de la CAS y otros penales del
país depusieron la huelga de hambre que tenía como objetivo la votación
y promulgación del proyecto de indulto que, como ellos mismos dicen,
"nada tiene que ver con la impunidad". Con su movilización le
recordaban a la sociedad que están vivos, que han cumplido más de 11 años
y medio de prisión - castigo sustentado en errores jurídicos, dobles
juzgamientos en la justicia
militar y civil, régimen carcelario extremadamente riguroso, negación de
beneficios. Depusieron su décimo séptima huelga de hambre porque en el
transcurso de la tarde del lunes 1 de diciembre, el Ejecutivo se había
comprometido oficialmente a otorgarle carácter de urgencia al Proyecto de
Ley de Indulto. La votación en el Senado debía concretarse el miércoles
3 de diciembre, pero se postergó una semana y otra hasta que el 16 de
diciembre se aplazó hasta enero, transformando en amarga decepción la
victoria supuestamente lograda. La
implacable lógica de los hechos demuestra que no hubo engaño, sino
calculada crueldad y falta de humanidad de la derecha y el gobierno para
con las justas pretensiones de libertad de los 35 presos políticos -que
siempre han manifestado que no aceptar ser "moneda de cambio".
Se burló también la buena fe de los negociadores que, olvidando que en
la esfera política suele no honrarse la palabra comprometida, confiaron
en la palabra de los senadores Larraín, Bombal y Viera-Gallo. Hoy
los políticos en el poder se disponen a imponerle no sólo a los presos
políticos y sus familias, sino también a los sobrevivientes de la
tortura -a quienes les ofrecen una "reparación simbólica y
austera"- y a los familiares de los ejecutados y desaparecidos, el
costo de una reconciliación basada en el dinero, la perversión ética y
la impunidad. Los
presos políticos inician su duodécimo año de prisión, el dirigente
poblacional Abraham Larrea cumple trece años encarcelado. Son
sobrevivientes de la cacería de la "Oficina" que completó la
tarea de exterminio iniciada por la dictadura -con un balance trágico de
30 jóvenes muertos en desiguales enfrentamientos y alrededor de 200
detenidos durante los cuatro años del gobierno de Patricio Aylwin. Fueron
torturados, los procedimientos judiciales que se les aplicaron estuvieron
reñidos con el debido proceso, las fiscalías militares
les impusieron interminables condenas, cumplen prisión preventiva
y condenas en una cárcel de alta seguridad que castiga cuerpos e ideas,
se les obstaculiza el acceso a la libertad condicional y los beneficios,
etcétera. La indiferencia de los poderes públicos,
reflejada por ejemplo en la falta de respuesta a la solicitud de
indulto No
es posible subordinar la libertad de los presos exclusivamente a la
aprobación de la ley por un poder político que ha dado repetidas
muestras de insensibilidad no sólo hacia el mundo de los derechos
humanos, sino de los trabajadores, estudiantes, mujeres y pueblos
originarios. Es urgente que la solidaridad internacional, los presos políticos,
los abogados de derechos humanos, la iglesia, los amigos, rearmen sus
fuerzas y exploren otras vías de solución. La exigencia de beneficios
para ocho compañeros, la presión por el cierre de los procesos abiertos,
el indulto presidencial para Pedro Rosas y para todos los procesos no
terroristas, la rebaja de condenas para los ocho condenados a presidio
perpetuo, exigen creatividad,
trabajo jurídico perseverante y movilización solidaria permanente,
ahora. Tenemos
la razón, pero necesitamos la fuerza y solidaridad de todos los que
estamos realmente comprometidos con una justa y urgente libertad. Coordinador
por la libertad de los presos políticos Santiago
de Chile, 17 de diciembre de 2003 Mas
informacion sobre la Huelga de hambre www.radionumerocritico.cl/pp
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